Maciá (ER): El municipio efectivizó el pago de un juicio laboral heredado de la gestión 2007-2011
El 2 de marzo las autoridades municipales realizaron el depósito fijado en la sentencia definitiva en una causa laboral iniciada por una empleada municipal despedida en el año 2007
Un largo proceso administrativo que demandó 16 años y que las autoridades actuales desembolsaron recursos locales, finalizó el juicio por maltrato laboral que llevó adelante una trabajadora del Estado municipal.
El caso se remonta al 20 de septiembre de 2007, cuando el Departamento Ejecutivo Municipal dictó el Decreto Nº 1.652, mediante el cual se designó en la planta de personal a once concursantes que habían obtenido las mejores calificaciones en el concurso de oposición y antecedentes realizado por el municipio.
Menos de 90 días después, el 11 de diciembre de ese año, y mediante el Decreto Nº 1694/2007, el mismo DE dispuso la revocación parcial del nombramiento, dejando cesante a una ingresante, quien inició acciones judiciales ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sosteniendo, entre otros argumentos, que su desvinculación había sido discriminatoria.
Con el avance del proceso, la causa fue tramitada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay que, el 18 de septiembre de 2013, dictó sentencia haciendo lugar al reclamo y anulando el decreto de cesantía.
La Municipalidad apeló la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que inicialmente resolvió a favor del planteo del municipio. Sin embargo, la parte actora llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló aquella sentencia.
En consecuencia, el 4 de diciembre de 2017, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictó un nuevo pronunciamiento confirmando la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa.
A partir de esa instancia se inició la etapa de liquidación de la sentencia, proceso que culminó con el depósito judicial realizado por la Municipalidad este 2 de marzo, correspondiente al capital, intereses y costas establecidos en el fallo.
Desde el municipio se informó que resta aún la determinación y cancelación de los honorarios profesionales, lo cual forma parte de la etapa final del proceso judicial.
